Por: Equipo yoinfluyo.com
Febrero / 2010
Desde la publicación de la Constitución de 1917, la familia revolucionaria se mostró orgullosa del texto creado. Dicho documento pretendía dar sentido a una nación, organizar la vida pública de un país convulso. Sin embargo, también se envolvió en una lógica anticlerical persecutoria que llevó al país al conflicto de 1926.
Pasados los años y los pactos que dieron fin a la Guerra Cristera, la Constitución se mantuvo sin modificaciones importantes hasta 1992, cuando el presidente Carlos Salinas decidió devolver a las iglesias su personalidad jurídica y la capacidad de administrar bienes, mientras que a sus ministros otorgó el derecho al sufragio. Una libertad religiosa que sólo era de cultos.
Así las cosas, el pasado 3 de febrero la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta de que se agregue al artículo 40 de la Carta Magna la palabra "laica". De este modo, dicho organismo avaló que el texto afirme "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal".
Esto, en medio de la situación que hoy vive nuestro país, azotado por diversos sucesos y problemas que implican atención gubernamental y legislativa urgente. En el norte del país la violencia relacionada con el crimen organizado y el narcotráfico continúa al alza. Algunas regiones del centro del país se encuentran inundadas ante la ineficaz acción de gobiernos locales para prevenir y solucionar esta crisis.
Por su parte, legisladores de la Cámara de Diputados, tan ajenos y lejanos de los verdaderos problemas que aquejan al país, se ocupan de buscar redefinir el Estado laico.
En este contexto, vale recordar que algunos estados de la República mexicana, a lo largo de 2009, fueron anunciando la aprobación de leyes, incluidas en las constituciones locales, cuyo fin es proteger el derecho a la vida desde la concepción.
Al ver que 18 estados de la República aprobaron leyes esencialmente iguales, medios de comunicación como El Universal, Milenio y La Jornada, así como editorialistas y articulistas de dichos medios (Ricardo Alemán, Denise Maerker, Ciro Gómez Leyva y Julio Hernández, entre otros) reclamaron la participación de la Iglesia Católica en la vida pública y presionaban al PRI desde su posición mediática para que reculara en el apoyo a dichas leyes.
Luego llegó la legislación que reconoce como matrimonios a las uniones homosexuales en el Distrito Federal, aprobada por el PRD en diciembre pasado. Ante ello, algunos grupos de interés y actores políticos, como el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, se pronunciaron por la necesidad de acotar la participación de la Iglesia en la vida pública.
Incluso, los promotores de la ley, David Razú y Víctor Hugo Romo, demandaron al cardenal Norberto Rivera, así como al vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, por pronunciarse públicamente en contra de dicha reforma al Código Civil, lo que revivió el debate del Estado laico y sus alcances.
A este respecto, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, en un artículo publicado el pasado 6 de enero por la agencia de noticias Zenit, se pregunta:
"¿Y dónde queda el derecho a la libertad religiosa? Reducirla a la libertad de conciencia y de credo, es quedarse en el pasado, es repetir lo que ya está en el artículo 24, es tener miedo a que las iglesias tengamos plena libertad, no para imponer una religión, sino para ofrecerla en igualdad de libertades que tienen otros grupos, partidos y organizaciones sociales".
"¡Ellos sí tienen libertad para reprimirnos; y nosotros no, para profesar y compartir plenamente nuestra fe!"
Para quienes acusan a la Iglesia Católica de pretender involucrarse en asuntos públicos injustamente, siempre en aras de la convivencia democrática, conviene recordar la cátedra que en este sentido impartió Benedicto XVI en diciembre de 2006 durante el 56° Congreso Nacional de Juristas Católicos.
En su alocución, el Papa precisó que la laicidad es una palabra empleada para designar la condición del fiel cristiano que no desempeña labores concernientes al clero o al estado religioso. Durante la Edad Media, dice el pontífice, dicha palabra hacía referencia a la oposición entre poderes civiles y jerarquías eclesiásticas.
Indica: "En realidad, hoy la laicidad se entiende por lo común como exclusión de la religión de los diversos ámbitos de la sociedad y como su confín en el ámbito de la conciencia individual".
"La laicidad se manifestaría en la total separación entre el Estado y la Iglesia, no teniendo esta última título alguno para intervenir sobre temas relativos a la vida y al comportamiento de los ciudadanos; la laicidad comportaría incluso la exclusión de los símbolos religiosos de los lugares públicos destinados al desempeño de las funciones propias de la comunidad política", afirmó Benedicto XVI.
Los que defienden el argumento del "laicismo" sostienen que "laico" es aquel que se mantiene ajeno de toda influencia religiosa.
Dice el Papa: "[…] Se habla hoy de pensamiento laico, de moral laica, de ciencia laica, de política laica. En efecto, en la base de esta concepción hay una visión a-religiosa de la vida, del pensamiento y de la moral, es decir, una visión en la que no hay lugar para Dios, para un Misterio que trascienda la pura razón, para una ley moral de valor absoluto, vigente en todo tiempo y en toda situación".
Hoy queremos que en México se deje de vislumbrar un Estado alejado de la realidad religiosa en la que, de hecho, millones de habitantes hoy viven a partir de su fe. No queremos que nuestro país excluya el fenómeno religioso de la vida pública. Aunque la vivencia de una religión es un asunto de conciencia, también es una cuestión en la que la comunidad se involucra porque ahí se comparte.
Si nuestros diputados y representantes populares le dan mas importancia a redefinir el Estado laico antes que atender otros problemas que reclaman mayor urgencia, la exigencia mínima que los ciudadanos debemos imponerles es que lo hagan bien.
Es nuestro deber pedirles que aquella adición, a la que le falta llegar al pleno de la Cámara de Diputados, esté configurada en función de la sana laicidad.
El Estado, según el Papa, debe considerar a la religión no como un simple sentimiento individual, que se podría confinar al ámbito privado, sino como una presencia pública de la comunidad, dado que la religión también se organiza en estructuras visibles.
El Estado mexicano, que aspira a consolidar su propio modelo democrático, debe garantizar que cada confesión religiosa inofensiva al orden público pueda ejercer libremente sus actividades de culto con las que sirven a sus creyentes.
Asimismo, debe evitar ser hostil –como de hecho ya lo ha sido– hacia cualquier manifestación religiosa, así como con los ministros de culto que se pronuncian sobre los problemas morales que tienen que ver con las sociedades en su totalidad.
El Estado laico no es arrinconar a las confesiones religiosas al ámbito de lo privado, sino reconocer su capacidad de aportar en la conformación de una sociedad más libre, plena y en desarrollo.
La restricción legal de la manifestación religiosa sería un retroceso para nuestro país, que ha sufrido tanto por este conflicto unilateral que, aparentemente, y por las recientes iniciativas de reformas a la Constitución, no se considera resuelto.
Confiamos en que nuestros legisladores sabrán discernir entre lo que realmente conviene a México y lo que, a todas luces, no contribuye para hacer del nuestro un mejor país.
«El respeto a la ley enaltece nuestro espíritu»
